ESPECIAL II CONGRESO LATINOAMERICANO DE PARQUES NACIONALES

SUPLEMENTO PARQUES NACIONALES – AGENCIA TÉLAM



Informe Especial

II CONGRESO LATINOAMERICANO DE PARQUES NACIONALES

Afirman que "Latinoamérica es acreedora ambiental de los países desarrollados"

Lo afirmaron en el documento final acordado, el pasado 6 de octubre, por representantes de los países latinoamericanos, comunidades indígenas y ONG´s. La ’Declaración de Bariloche’ reconoce a las áreas protegidas como "los instrumentos indispensables para alcanzar el desarrollo sostenible y elevar el bienestar de nuestros pueblos".

Por Alejandro San Martín

El II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras áreas Protegidas, realizado en Bariloche, finalizó este sábado con la reafirmación de que la región "tiene carácter de acreedora ambiental de los países desarrollados".

La denominada "Declaración de Bariloche", el documento final emitido por el congreso, reconoció asimismo a las áreas protegidas como "los instrumentos indispensables para alcanzar el desarrollo sostenible y elevar el bienestar de nuestros pueblos".

El acto de cierre, que se realizó en el Hotel Panamericano, fue presidido por el titular de la Administración de Parques Nacionales, Héctor Espina, quien estuvo acompañado por el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y la secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti.

Tras arduas negociaciones que se desarrollaron hasta bien entrada la madrugada de este sábado, los representantes de parques de los distintos países latinoamericanos, de las comunidades indígenas y de las organizaciones no gubernamentales, acordaron el documento final.

En ese contexto, se destacó el surgimiento, avance y fortalecimiento de diversas formas de organización social que han ocurrido en la región en las últimas décadas "que derivaron en procesos de gestión ambiental compartida entre los Estados y los actores sociales locales".

El papel "indelegable" de los Estados en la conducción de las políticas de áreas protegidas, en una amplia participación de las comunidades locales y el conjunto de la sociedad, fue considerado como "fundamental".

También, que la exploración y explotación minera y de hidrocarburos en áreas, así como la reducción de la superficie de áreas protegidas declaradas para fines extractivos, es contraria a los objetivos de conservación de la biodiversidad.

No podían faltar las definiciones en cuanto a los impactos asociados al cambio climático, la fragmentación de ecosistemas y la propagación de las especies invasoras.

También fueron abordados los retos de la conservación y desarrollo vinculados a la reducción de la pobreza, el crecimiento demográfico y la urbanización, el desarrollo económico e industrial, en algunos casos descontrolados y la contaminación asociada con sus procesos de producción.

En cuanto al turismo, se destacó su importancia en relación a las áreas protegidas al constituirse en una de las principales fuentes de financiamiento de las actividades de conservación.

"La sociedad latinoamericana y mundial debe valorar integralmente las áreas protegidas y todos sus atributos tangibles e intangibles. En tal sentido, deberá promoverse la inclusión de este concepto en la creación y manejo de las áreas protegidas", se precisó.

En tanto, se destacó la importancia de articular y fortalecer los componentes de los sistemas de áreas protegidas nacionales, "consolidando la adecuada integración con otras estrategias de conservación pública y privada, en el marco del ordenamiento territorial".

Por otra parte, se consideró "prioritario y de importancia estratégica", aprovechar las oportunidades vinculadas a los acuerdos internacionales y regionales para la planificación y gestión de áreas protegidas.

El congreso solicitó que los gobiernos declaren el período 2008-2018 como la Década de las µreas Marinas Protegidas, priorizando en el continente la creación de redes nacionales y regionales de áreas marinas protegidas y la gestión integrada de los océanos.

Latinoamérica tiene alrededor de 4000 áreas protegidas, con una superficie mayor a 4 millones de kilómetros cuadrados, es decir más del 18 por ciento del territorio terrestre de la región.

Estas cifras representan el 20 por ciento en cuanto a la extensión de todas las áreas protegidas del mundo. El congreso contó con la participación de 2.220 personas de 35 países diferentes, que pudieron concurrir a 78 talleres y una docena de eventos paralelos.





Las conquistas de los pueblos originarios


Los indígenas que participaron del Congreso Latinoamericano de Parques, finalizado el pasado 6 de octubre, lograron que la ’Declaración de Bariloche’ inste a los Estados a apoyar el ejercicio de sus derechos en acuerdo con la de los Derechos de los Pueblos Indígenas, votado el pasado 13 de septiembre.

Por Alba Silva

Los indígenas que participaron del Congreso conservacionista lograron aquí que la ’Declaración de Bariloche’ inste a los Estados a apoyar el ejercicio de sus derechos en acuerdo con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (PPII) de la ONU votado el pasado 13 de septiembre.

Con marcado júbilo, los indígenas que participaron en la discusión del documento final realizado este viernes en distintas salas del hotel Panamericano y que concluyó a las cinco de esta madrugada, se mostraronn sonrientes y aliviados en medio de los 2.200 asistentes.

Los mapuche Verónica Huilipán y Jorge Nahuel, el quichua Rodrigo de la Cruz, el kuna Onel Arias y el quichua amazónico Johnson Cerdá defendieron el documento entregado a los organizadores del Congreso el pasado martes.

En uno de sus párrafos centrales el documento emitido aquí pide explícitamente que los Estados -según las particularidades nacionales y regionales- pongan medios para "el pleno ejercicio y la efectiva implementación de los derechos reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas "incluyendo los territorios indígenas declarados en áreas protegidas".

El siguiente párrafo señala que las "áreas protegidas declaradas total o parcialmente sobre territorios de ppii deberán gestionarse respetando los derechos de estos pueblos, asegurando la plena y efectiva participación de sus organizaciones representativas en la toma de decisiones para el manejo y protección" de esos sitios.

El documento reconoce que muchas áreas protegidas son el espacio de vida de "pueblos en aislamiento voluntario", unas 200 culturas repartidas en siete países de la región -Amazonía y Gran Chaco, para los que se pide "considerar los derechos humanos de estas comunidades".

La aparición de los indígenas como un actor en el debate de la conservación, hasta ahora en manos de "corporaciones y los Estados, obligará que la ciudadanía asista a un fenómeno equivalente a la restauración de derechos sustraídos", destacó Juan Luis Peri, secretario General de la Asociación Argentina de Periodistas Ambientales.

Observador de la temática del medio ambiente en la Argentina y el mundo, el periodista remarcó además que a partir de este congreso, los PPII tienen "cómo comenzar la discusión para que gobiernos y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acepten sus derechos".

Sin dudas, el responsable de la Administración de Parques Nacionales (APN), Héctor Espina, que presentó esta semana la resolución que avanza en la constitución de un Consejo Consultivo de indígenas, se convirtió en un aliado estratégico, a la hora de las relaciones de los indígenas locales con el Estado o quienes lo gestionan.

La Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, a cargo de Romina Piccolotti, creó a poco de iniciada la gestión la Dirección Nacional de Pueblos Originarios y Medio Ambiente.

La funcionaria, presente en la clausura del Congreso, subrayó en un tramo de su discurso que "trabajar con todas las culturas es política pública" del actual gobierno y ponderó la gestión de Espina, coorganizador del Congreso internacional.

"La gestión de Héctor me enorgullece profundamente por la creación de más áreas protegidas entre las que está el primer parque marítimo costero, la cogestión con los pueblos indígenas", dijo al hablar ante un colmado Salón de las Américas del Panamericano.

Mientras comenzaban a desmontar el escenario y sacar sillas, Piccolotti dijo a Télam que la Declaración de Bariloche "es un avance enorme y muestra que el Estado (en lo que concierne a la Argentina) está madurando".
"Hay que dar un lugar preponderante y compartir la gestión de las territorios con los pueblos", señaló la secretaria de Medio Ambiente al subrayar la importancia de "pasar del discurso a la acción".



Los consejos comunales administran los parques venezolanos


La conformación de consejos comunales para la administración de los parques nacionales de la República Bolivariana de Venezuela, alejada de los tradicionales modelos, fue presentada por el titular del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) de ese país, Jesús Cegarra, quien también destaca el concepto de “soberanía natural”.

Por Alejandro San Martín

“Nosotros vamos a los consejos comunales, que es la base fundamental de organización de la sociedad venezolana, y que tienen la responsabilidad de participar en conjunto con los entes del Estado en la administración de algunos parques nacionales”, aseguró el funcionario.

Los miembros de delegación del país caribeño, integrada también por el director de Parques Nacionales, Alfredo Maggiori, y el director del INPARQUES, Jesús Manzilla, precisaron que su país maneja el concepto de “soberanía natural”.

En tal sentido, precisaron que los organismos internacionales “no pueden sustituir la responsabilidad del Estado porque nosotros hablamos de soberanía natural, es decir, los recursos los maneja y administra nuestro país”.

Los venezolanos marcaron una diferencia con las autoridades de la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN), quienes no recibieron el informe oficial de aquel país y tomaron en cuenta uno elaborado por una Organización No Gubernamental.

“Tenemos una diferencia que la estamos expresando acá y lo haremos en todos lados, porque el informe que enviamos no fue recibido y en cambio presentaron el de una ONG que ellos contrataron y que no refleja la realidad”, señaló Cegarra.

“Nosotros tenemos un Instituto Nacional de Parques, un instituto del poder popular para el ambiente, y estas personas tienen un organismo paralelo de relación paralela con otros entes en Venezuela”, agregó.

La República Bolivariana de Venezuela cuenta con áreas naturales protegidas que abarcan una superficie de 31.571.709 hectáreas que representan el 34,45 por ciento del territorio nacional.

El sistema incluye 43 parques nacionales, 36 monumentos naturales, 7 refugios de fauna silvestre, 2 reservas de biosfera y 79 parques de recreación.

Los parques nacionales garantizan en este caso, el 72% de la hidroelectricidad de Venezuela, lo que permite dejar de gastar una inmensa cantidad de recursos que de otra manera se quemarían en petróleo para generar la electricidad del país.

“Son nuestro principal fuente de agua. Las altas concentraciones de población, en el modelo que tenemos en América latina, fundamentalmente basado en la concentración de grandes urbes de la población, tienen un elemento bien importante porque la figura de PN permite la captación de las aguas y el control de los mismos para la captación de lo que tiene que ver con los sistemas de riego y el agua del consumo humano”, precisó Cegarra.

El Instituto nacional de parques es autónomo, adscripto al ministerio del poder popular para el ambiente. El ministerio tiene la connotación del poder popular, puesto que el elemento central de esta filosofía está basada en la inclusión social y la participación.

La constitución social de la república boilivariana establece como un principio fundamental la participación de la ciudadanía.

“La evolución de la cual nosotros consideramos que hemos avanzado del modelo de la democracia representativa a la democracia participativa y protagónica que establece la participación directa de la comunidad”, destacó.

El Instituto Nacional de Parques, basándose en el artículo 184 de la constitución, está avanzando en pasar a las comunidades los consejos de protección y administración de muchas áreas naturales protegidas.

En ese sentido, la población participa en la cogestión y en la administración. “Nosotros diferimos de muchos de los elementos que se consideran incluso en este congreso, puesto que las variables o los indicadores de guardaparques por unidad de área no consideramos que sean los mas importantes, sino que es la población misma la que garantizará participando de las distintas áreas como proyectos de vida”, dijo Cegarra.

“El punto mas grande de diferencia con los enfoques tradicionales clásicos, es sobre si los indicadores que se están estableciendo para la meta del 2010 realmente son los que les competen a América Latina y que para nosotros no reflejan para nada los parques del continente”, agregó.

La nueva propuesta venezolana implica la forma de organización comunal para generar un nuevo marco, con nuevos indicadores para generar nuevas políticas y metas. “Los viejos indicadores tendrán que ser revisados”, concluyó.




Volvieron a reclamar por la sanción de la Ley de Bosques


El Congreso de Bariloche fue el marco de un nuevo reclamo al Senado de la Nación para una “urgente” sanción la ley de presupuestos mínimos de Protección de Bosques Nativos, que ya fue aprobada en Diputados. El documento de declaración fue rubricado por el presidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Héctor Espina; la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN); Greenpeace; Fundación Vida Silvestre y la Fundación Patagonia Natural.

Por Alejandro San Martín

Ante la falta de respuesta de la Cámara Alta, luego de varios reclamos de las organizaciones, en el documento se hace “un enérgico llamado a los senadores nacionales para que traten y aprueben la ley de Presupuestos Mínimos mencionada”.

“La Argentina se encuentra en emergencia forestal; después de haber perdido cerca del 70% de sus bosques nativos, las cifras oficiales señalan que anualmente se siguen desmontando más de 300.000 hectáreas”, se destacó en la declaración mencionada

“Esta pérdida de bosque nativo -continuó-, acarrea no sólo una pérdida significativa del patrimonio natural, sino también la degradación de los servicios ambientales que los ecosistemas le brindan a la sociedad y generan severos conflictos sociales, perjudicando especialmente a las comunidades que viven en los bosques”.

En tal sentido, los firmantes aseguraron que “las áreas protegidas son una herramienta irremplazable para abordar la conservación de la diversidad biológica. Si bien la Argentina ha demostrado en el último decenio avances en la superficie cubierta por áreas protegidas, sólo un 7% del área continental del país se encuentra bajo alguna categoría de protección”.

“El avance acelerado, y sin planificación, que ha tenido la frontera agropecuaria en el norte del país pone de manifiesto la urgente necesidad de que la Argentina cuente con un ordenamiento territorial que incluya y garantice la conservación y el uso sustentable de los ecosistemas boscosos y sus recursos”, reclamaron.

El proyecto de ley establece, en el contexto de una moratoria a los desmontes, la necesidad de contar con un ordenamiento de los bosques, para su preservación y uso sustentable, además de promover y generar las herramientas necesarias para iniciar procesos participativos de ordenamiento territorial en las provincias argentinas.

“En un país donde los comidities tienen todas las posibilidades para crecer es fundamental una ley que haga el ordenamiento territorial, que tiene que ver con la planificación del territorio, del uso del suelo, y que sólo se da en un espacio de una ley como esta, de presupuestos mínimos”, dijo a Télam, el titular de la APN, Héctor Espina.

El funcionario, quien estuvo acompañado en el estrado por el subsecretario de Planificación y Política Ambiental, Miguel Pellerano, aseguró que es “muy importante la ley“, para que cuando “pase la furia de la soja no nos acordemos que teníamos bosques”.

“Hay un proyecto al que le faltaban algunos capítulos y creo se está trabajando en un capítulo de incentivos económicos, eso lo hace más rico, pero igual creo que la ley no es todo, y creo que hay que implementarla en el terreno. Es un paso”, señaló.

“Estoy convencido que hace a un mejoramiento del ambiente. No es imposible hacer ordenamientos mínimos y es bueno que existan instrumentos de este tipo”, agregó.

Espina se refirió asimismo al caso de la empresa Ledesma, en la provincia de Jujuy, con un gran poder de lobby, que iba a desmontar un área crítica de dos mil hectáreas que cortaba toda la conectividad de las Yungas.

“En ese caso los trabajadores de la APN y el propio directorio nos reunimos en Buenos Aires con la gente de la provincia y de la empresa, además de Greenpeace, y en ahí la propia empresa decidió no desmontar. Es un ejemplo de que se puede llegar a acuerdos y de eso se trata esta ley”, precisó.



Plantan árboles contra emisiones contaminantes

Mil árboles nativos serán plantados en una zona cercana a Bariloche, como una forma de compensar los gases que se generen durante el II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas que se realiza en esta ciudad.


Por Alejandro San Martín

La idea surgió de la Asociación Civil Sembrar, con el propósito de medir los gases que se generen durante todo el congreso, puesto que la movilización de gran cantidad de personas -en este caso 2.040 participantes- por tierra, aire y la generación eléctrica, entre otras, emite un volumen de carbono que va a la atmósfera.

Este proceso, denominado “huella ecológica”, contribuye al incremento del fenómeno del Cambio Climático y es un sistema que está empezando a ser utilizado en varios países del mundo.

“Lo que estamos haciendo es una acción concreta y efectiva para compensar a la naturaleza por el servicio ambiental que nos brinda a todos nosotros”, dijo a Télam el titular de Sembrar, Rubén Pablos.

Al término del congreso, se realizará un cálculo, de acuerdo a matrices internacionales, de cuanto carbono se emitió, una vez que se analice de donde vino la gente, cuantos aviones volaron, la cantidad de micros que arribaron y la energía eléctrica utilizada.

En Bariloche, tal como sucede en otros lugares del mundo, personal de la Universidad Nacional del Comahue y del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), está trabajando sobre plantas nativas para saber qué especie es la que capta el carbono y en que cantidad.

“La sugerencia es que en la declaración final del congreso, y en los próximos congresos internacionales de temática ambiental, se haga la compensación efectiva para que no quede solamente en palabras, y para intentar transformar nuevas políticas públicas de mitigación”, aseguró Pablos.

La “huella ecológica” es un indicador definido como el área del territorio ecológicamente productivo necesario para producir los recursos utilizados, y para asimilar los residuos producidos por una población dada con un modo de vida específico de forma indefinida.

Desde el momento en que el ser humano comenzó a habitar el planeta, sus actividades han tenido diferentes tipos de impacto sobre el medio ambiente, algunos de ellos positivos y otros negativos.

A pesar de la existencia de estos impactos negativos, durante miles de años no significaron un problema para la biosfera ya que los mecanismos naturales de asimilación eran suficientes para contrarrestar dichos impactos.

Pero con el tiempo, el crecimiento poblacional y el cambio en los métodos de producción y de consumo, resultaron que esa capacidad de carga se haya visto cada vez más amenazada, y en los últimos años, sobrepasada.

Dentro de la gama de problemáticas ambientales que se han dado en llamar “globales”, el calentamiento y el cambio climático han ocupado el centro de discusiones científicas y políticas por varios años.

Si bien los gases de efecto invernadero son varios, el aumento de la quema de combustibles fósiles desde el comienzo de la era industrial ha hecho que el aumento desmedido del dióxido de carbono convierta a este gas e el principal responsable del proceso del calentamiento global.

En tal sentido, la “huella del carbono” mide el impacto producido por las actividades del hombre sobre el ambiente, según la cantidad de gases de efecto invernadero generada, medida en unidades de dióxido de carbono.

“Creemos que la única manera de resolver las problemáticas ambientales es aunando esfuerzos, y es por esto que llevar adelante nuestra propuesta les pediremos a todos los participantes del congreso que colaboren con un aporte mínimo para compensar las consecuencias de generación de gases de efecto invernadero”, precisó Pablos.





Preocupa un proyecto de represa sobre el Río Puelo


Según un estudio de impacto ambiental, el proyecto modificaría el microclima de la zona. Vecinos de todas las comunidades de la cuenca se reunieron en la localidad chilena de Llanada Grande, una de las tres más afectadas, con el propósito de sociabilizar la información disponible del proyecto. El impacto se sufrirá del lado chileno y argentino.


Por Alejandro San Martín

La construcción de una represa sobre el Río Puelo, en Chile, que tiene programada la empresa española Endesa, afectará a todas las poblaciones de la cuenca, con inundaciones del lado trasandino y cambio del nivel promedio del lago homónimo, en la parte argentina.

De acuerdo a un estudio de impacto ambiental realizado por la organización Geoasutral, el proyecto modificaría el microclima de la zona, con el consiguiente perjuicio sobre los procesos productivos, además del régimen hidrológico superficial y subterráneo.

Ante esta situación, vecinos de todas las comunidades de la cuenca se reunieron en la localidad chilena de Llanada Grande, una de las tres más afectadas, con el propósito de sociabilizar la información disponible del proyecto.

Se trata de poblaciones rurales, con una población total de unos diez mil habitantes cada una, ubicadas en un valle de alta productividad. Además, se trata de una zona de fuerte componente turístico, porque comprende un paso fronterizo lacustre.

“El proyecto ya está en escala de factibilidad y están comenzando los diseños finales. Hubo algunas modificaciones en cuanto a los proyectos originales, sobre lo que serían las represas y sus niveles, pero Endesa mantiene una postura bastante hermética al respecto”, dijo el guardaparques del Parque Nacional Lago Puelo, Julio Baliño.

Las primeras informaciones sobre el mencionado emprendimiento, comenzaron hace tres años, pero las primeras movilizaciones públicas en Chile se hicieron efectivas en el 2006.

Estas actividades motivaron la preocupación de las autoridades del Parque Nacional Lago Puelo, que oficializaron un pedido de informes y elevaron el tema a la Administración central para que se comunicara con Cancillería.

Desde el ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina se solicitó un informe a su par chilena, recibiendo como respuesta que no existía todavía ningún proyecto formal por parte de Endesa, aunque reconocieron que tenían la adquisición de los derechos del agua.

Para la legislación chilena, una empresa puede comprar derechos de utilización de agua y se le permite aprovechar de alguna manera esos recursos hídricos para distintas actividades, sean agropecuarias, de generación de energía eléctrica o de algún otro tipo.

“Nosotros particularmente no tuvimos ningún contacto con la empresa, y tengo entendido que recién ahora está tratando de tomar contacto con las comunidades que se verían afectadas, pero no en forma concreta”, dijo el guardaparques, Javier Baliño, del Parque Nacional Lago Puelo.

Estos contactos, según informaron pobladores de las localidades chilenas afectadas, consistieron en tratar de elaborar mecanismos de compensación de los daños que se puedan producir, y elaborar informes sobre políticas de mitigación.

“Desde el lado argentino hay una movilización de apoyo a las comunidades chilenas que nos han pedido colaboración respecto a algunas cuestiones técnicas como organizativas, pero la comunidad esta comenzando a oponerse seriamente a la instalación de esta represa”, expresó Baliño.


Desde Parques Nacionales se está tratando de mantener informados a los ejecutivos municipales de la comarca de todo lo que la institución recibe, y que puede ser relevante para la comunidad, “para no llegar a un punto en que esas cuestiones sean difíciles de resolver”, precisó el guardaparques.

“De alguna manera -agregó-, tenemos que arrimar posiciones, es decir, no ser extremos y si queremos mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones, necesitamos generar energía eléctrica, pero ser imaginativos y buscar alternativas viables”•

En tanto, desde la Administración de Parques Nacionales (APN), hay una postura de seguir consultando, y en el marco de los convenios internacionales, en cuanto se formalice el proyecto, evaluar y tomar una postura al respecto.

Desde el directorio de parques nacionales hay una postura de seguir consultando y en el marco de los convenios internacionales, en cuanto aparezca el proyecto, si es que aen algún moento aparece, evaluar y tomar la postura que surja de esa evaluación y seguir los caminos diplomáticos que corresponden.

“El caso es bastante diferente respecto del conflicto por Botnia, pero con esos antecedentes, además de los emprendimientos mineros en Chubut, la comunidad esta muy sensible a este tipo de cuestiones, y si esto sigue su curso, podríamos hablar de algo similar, aunque no a la misma escala”, concluyó Baliño.



Advierten que la deforestación pone en riesgo el Amazonas


El creciente proceso de deforestación que sufre la región del Amazonas provocará el doble de emisión de dióxido de carbono de los niveles que actualmente captura, estimados en 20 veces la cantidad anual de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Advierten también sobre la sobre explotación del oro y la industria del acero.


Por Alejandro San Martín

La advertencia fue realizada por el científico, Timothy Killeen, especialista de la organización Conservación Internacional, y autor del libro "Una tormenta perfecta en la Amazonia ", quien participa del II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras µreas Protegidas, que se realiza en esta ciudad.

"Hoy en día la Amazonia es un sumidero neto de carbono y la cantidad que se capta en este 87 por ciento que existe es igual que el dióxido de carbono que se emite por la deforestación, lo que puede volcar la región de un sumidero a un emisor", expresó.

El científico sostuvo que esto significa el colapso del Amazonas, y hace pensar que la sostenibilidad en el tiempo de la región se maneja sobre supuestos utópicos. "¿Cuántos miles de millones de dólares tenemos que invertir para captar carbono?", se preguntó Killeen.

Otro de los problemas señalados por el especialista, fue la creciente explotación de oro, debido a la suba del precio en el mercado internacional. La región del Amazonas produce 300 millones de dólares al año frente a los 25 millones que, por ejemplo, genera el ecoturismo.

En otro orden, Brasil subsidia la industria del acero, que precisa de energía hidroeléctrica y en consecuencia, la construcción de grandes, medianas y pequeñas represas, con la afectación sobre el ambiente que no compite en el mercado.

Killeen, quien ha trabajado en la región del Amazonas por 25 años, se refirió a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), un plan impulsado por 12 naciones del continente para superar los obstáculos geográficos de la región y unir las economías.

Las inversiones de IIRSA integrarán un sistema de autopistas mejorado, hidrovías, represas hidroeléctricas y enlaces de telecomunicaciones a través del continente, particularmente en regiones remotas, pera permitir un mayor intercambio y crear una comunidad sudamericana de naciones.

El análisis realizado por el científico demuestra que los proyectos del desarrollo IIRSA coinciden con las presiones crecientes dentro del ecosistema amazónico y sus comunidades tradicionales.

"Si se falla en prever el impacto inminente de IIRSA, particularmente dentro del contexto del cambio climático y los mercados globalizados, conllevaría a una tormenta perfecta de destrucción ambiental. El área silvestre tropical más grande del mundo se encuentra en peligro", alertó.

Para el científico, un Amazonas intacto podría generar miles de millones de dólares en créditos de carbono bajo un sistema de mercado en negociaciones para suceder el Protocolo de Kyoto.

Las siembras de caña de azúcar para biocombustibles, podrían realizarse en 65 millones de hectáreas ya deforestadas, en vez de talar más terrenos para establecer nuevas plantaciones.

"Una iniciativa visionaria como la de IIRSA también debe ser visionaria en todas sus dimensiones, incorporando medidas que aseguren la conservación de los recursos naturales renovables y el fortalecimiento de las comunidades tradicionales", concluyó.




Los pueblos indígenas reclaman el goce de derechos plenos


"Que la nueva década nos encuentre ejerciendo lo que la ley manda (en cuanto a autodeterminación y uso de los recursos naturales)", dijo el Ionko José Collueque en su llamamiento a priorizar el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. “Muchas ONG´s son financiadas por los mismos que destruyen el medio ambiente y vienen a lavarse la cara luego que nos asesinan en nuestros propios territorios", agregó Edgardo Benítez, del pueblo tahuaca de Honduras. Se creó, en Parques Nacionales, el Consejo Asesor de Política Indígena.

Por Alba Silva

Los indígenas que participan del II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Areas Protegidas hicieron un llamado a los Estados y a organizaciones conservacionistas mundiales a establecer "como prioridad" en el documento oficial el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas (PPII) al hablar en la inauguración del encuentro.

Ante unos 1.700 invitados llegados de toda Latinoamérica que se reunieron esta tarde en el Salon de los Bomberos de esta localidad pegada al Lago Nahuel Huapi, autoridades del pueblo mapuche, el lonko José Collueque que habló en mapuzungun y fue traducido por la werken (vocera), Verónica Huilipan, dio un mensaje de reafirmación cultural.

"Es tiempo de ejercer nuestros derechos. Que la nueva década nos encuentre ejerciendo lo que la ley manda (en cuanto a autodeterminación y uso de los recursos naturales). Bienvenidos a nuestro territorio, el de la construcción de una política intercultural", cerró Huilipan en medio de vítores del resto de los indígenas presentes.

Con la presencia de delegados kuna, maya quiche, embera, quichuas cayambis, miskito y la presencia de locales de los pueblos toba, kolla, mbya guaraní, avá-guaraní, entre otros, los originarios iniciaron el debate interno de la Declaración de Bariloche y los puntos que quieren ver escritos en ese documento que se conocerá el sábado próximo.

Para Edgardo Benítez, del pueblo tahuaca de Honduras, lo que ocurre en las áreas protegidas "no es un trabajo de cuatro académicos y del Estado. Muchas ONG´s son financiadas por los mismos que destruyen el medio ambiente y vienen a lavarse la cara con nosotros luego que nos asesinan y nos persiguen en nuestros propios territorios".

El tahuaca, que significa "los primogénitos", sostuvo que "si hacemos un mapeo de los pueblos indígenas la situación es peor porque avanzó la pobreza y degradación del ambiente" por lo que reafirmó la necesidad de que los estados cumplan con sus compromisos internacionales, afirmó durante un diálogo con Télam.

En los debates que se dieron los delegados originarios quedó en claro los diferentes procesos políticos por los que atraviesan según sea el país, por eso, el concepto de comanejo de un área que para los pueblos locales significa un avance, para otros es un concepto "ya superado".

De todas maneras, los debates recién comienzan y los indígenas, la mayoría de ellos abogados, tienen puesta la mira en la declaración final, que debe ser bien precisa en cuanto al cumplimiento de derechos, pero sobre todo respecto de la creación de nuevas categorías conservacionistas de las que ya no quieren estar ausentes.

"Basta de establecer figuras superpuestas a los territorios indígenas. Decimos que nuestros territorios ‘per se’ son figuras de conservación de mucho tiempo y la prueba es que la mayor biodiversidad está donde vivimos nosotros", afirmó Rodrigo de la Cruz, quichua cayambe de Ecuador.

“Nos ponemos a la cabeza en el reconocimiento de derechos”

El presidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Héctor Espina, dijo que la conformación del Consejo Asesor de Política Indígena, pone al organismo “a la cabeza en el reconocimiento de este tipo de derechos”.

“En la Argentina sería la primera vez que se aplica en forma efectiva en un determinado organismo”, afirmó el funcionario al explicar el alcance de una resolución que aplica derechos que son reconocidos por ley nacional.

“Este documento de la institución significa aplicar la resolución 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), básicamente en donde se aplica el principio del consentimiento previo, libre, informado, de las comunidades indígenas”, agregó.

Espina explicó que el Consejo es complementario con la política de cogestión que lleva adelante la APN, y destacó que debe haber una “muy buena articulación con las bases”.

“Si esto no es así, se corre el riesgo de que si alguna vez se crearon burocracias de otro tipo, puede haber burocracias indígenas que estén alejadas de sus bases”, añadió.

Para llegar a la confección final del documento, se realizaron dos días de intensas reuniones entre los funcionarios de la APN y miembros de la comunidad mapuche de Neuquén, Kollas de Salta y Guaraní de Jujuy.

“Yo creo que es un inicio, que son caminos, procesos, que es un punto más de avance. A veces hay mucha manipulación del tema indígena, por eso son procesos que hay que respetar y no meterse en esas internas y creo que se tiene que materializar a nivel de la base, no para formar superestructuras indígenas”, concluyó.




Explicaron la situación de las Areas Protegidas


La inauguración del encuentro fue el marco propicio de la presentación de un informe sobre el diagnóstico y la situación de esas zonas en América Latina y el Caribe. Se destacó que casi todos los países de la región contemplan la conservación del ambiente en sus Constituciones Nacionales. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela se refieren al cuidado de la protección ambiental en sus constituciones.

Por Alejandro San Martín

Uno de los aspectos que destaca el documento es la incorporación de las comunidades en la conservación, lo que se plasmó en un significativo avance en el desarrollo normativo y de políticas específicas, así como una nueva herramienta de aproximación a la gestión de áreas protegidas.

El énfasis en el papel de las comunidades en la gestión, obedece en parte a los procesos de descentralización que se han impulsado en toda la región, y que han llevado a países como Bolivia y enezuela a incorporar a los actores sociales como eje de las políticas públicas.

Otro de los logros destacables, fue el crecimiento de la superficie nacional en 12 países, lo que resulta el aspecto más significativo de los avances institucionales en los últimos diez años, lo que implicó ajustes a los esquemas operativos, logísticos, administrativos, normativos y de financiamiento.

En países como Brasil y El Salvador, se presentó un crecimiento de la superficie protegida del orden de 52,36 por ciento y el 47,81 por ciento respectivamente, en los últimos diez años.

En tanto en Colombia, en igual período de tiempo, el crecimiento fue del 20 por ciento. Por su parte, casi todos los países de la región tienen contemplado el tema de la conservación del ambiente en sus Constituciones Nacionales, y en el caso de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela, se hace referencia específica, dentro de las Carta Magna, a las necesidades de velar por los espacios de protección ambiental.

En cuanto al monitoreo y la evaluación de la efectividad de manejo de las áreas protegidas, y el fomento a la elaboración de planes de manejo, son los dos aspectos que la mayoría de los países consideran importantes.

En cuanto a la descentralización de la gestión de áreas protegidas, ésta ha permitido que países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Perú e incluso Cuba, existan áreas declaradas, administradas y manejadas por actores diferentes al gobierno nacional.

La región cuenta con 300.899.86 hectáreas de áreas protegidas, lo que equivale a un porcentaje muy superior a los datos obtenidos a comienzo de la década, durante el encuentro de Santa Marta, es decir, corresponde a más del 10% del área total del Neotrópico en su porción continental, aunque en el futuro se deberán incorporar los porcentajes de la cobertura marina.






No quieren el modelo de consumo de los países desarrollados

Lo manifestó el director para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Ricardo Sánchez Sosa, porque -dijo- “ha llevado al mundo a la destrucción". El funcionario afirmó que es necesario promover las economías de un modo diferente.

Por Alejandro San Martín

El director para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Ricardo Sánchez Sosa, pidió hoy "no reproducir los modelos de consumos de los países desarrollados que han llevado al mundo a la destrucción".

En el marco de la inauguración del II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Areas Protegidas, en San Carlos de Bariloche, Sánchez Sosa expresó la necesidad de "exigir a los países en el orden nacional, una estrategia de desarrollo. Tenemos que tener un modo distinto de desarrollo de nuestras economías".

El funcionario internacional destacó que el congreso representa una "evidencia" del avance en nuevas acciones hacia la conservación, frente a un mundo donde paralelamente se presentan otros problemas, como la deforestación y la pérdida de decenas millones de áreas de bosque nativo.

"Esto requiere cada vez más y mejores servicios de los ecosistemas, y uno de los elementos fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestra gente son los servicios ambientales de los ecosistemas", precisó.

Sánchez Sosa señaló que las áreas naturales protegidas "juegan un rol decisivo" para el crecimiento económico de América Latina, cuyas economías dependen largamente de su uso extensivo.

"Hay países que el 80% de su comercio exterior depende del uso de ellos. Esto hay que cambiarlo, hay que crecer, hay que dar empleo, y hay que dar valor agregado a lo que se exporta de nuestra región para que no se dependa de los recursos naturales, de la exportación de los productos primarios", concluyó.




Meyer anunció obras para las zonas de parques nacionales

El secretario de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, anunció en San Carlos de Bariloche que junto con la secretaría de Ambiente iniciaron los trámites por "un crédito de 70 millones de dólares para el tratamiento de los residuos en todas las localidades donde haya parques nacionales. "La conservación y el turismo pueden ser compatibles", aseguró el funcionario.

Por Alejandro San Martín

"Será un tramite largo, pero nos parece muy importante, porque serán fondos destinados a un relleno sanitario, una planta de separación, una planta de transferencia y el saneamiento de los viejos basurales. Este crédito fue acordado en el mes de julio y se empezará a ejecutar a partir del año próximo", precisó.

En una conferencia de prensa ofrecida en Bariloche, donde se desarrolla el II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Areas Protegidas, Meyer precisó que la actividad turística en Parques "representa unos 650 millones de dólares que se reparten en las localidades de apoyo a esas áreas".

"La conservación y el turismo pueden ser compatibles", aseguró, "si se mantiene el respeto y el cuidado de los recursos naturales con una mínima acción antrópica".

En tal sentido, destacó la particularidad argentina "de tener zonas donde la acción del hombre, en el caso de los Parques Nacionales, no excede del 4 al 5%. Es una situación que en el mundo, no es normal".

En los últimos cuatro años, las áreas protegidas a cargo de la Administración de Parques Nacionales duplicaron el número de visitantes, lo que posibilitó la generación de esa masa de dinero que permite el mantenimiento de otras áreas protegidas y el financiamiento del sistema nacional.

Durante cuatro años, "el crecimiento de nuevas áreas que hemos ido trabajando con parques, el equipamiento, la creación de los brigadistas de apoyo al guardaparque, el hecho de que todos los lagos de la patagonia estén con sus embarcaciones y sus vehículos nos da una pauta que vamos por el buen camino", agregó.

El documento final del último Congreso Mundial de Parques Nacionales, realizado en 2003 en Sudáfrica, recomendó concebir al turismo como un instrumento de la conservación y apoyo a las áreas naturales protegidas, puesto que constituye la principal fuente de ingresos para financiar actividades de conservación




Quedó inaugurado con más de 1.500 participantes


Comenzó el 30 de septiembre en San Carlos de Bariloche, con la presencia de numerosos representantes de organismos públicos, privados, organizaciones no gubernamentales y miembros de los pueblos indígenas.

Por Alejandro San Martín

El acto de apertura, que se realizó en el Hotel Panamericano, sede del Congreso, estuvo a cargo del secretario de Turismo de la nación, Enrique Meyer, a quien acompañaron el presidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Héctor Espina, y otros integrantes del comité organizador.

Espina resaltó la importancia de la elección de la ciudad de Bariloche como sede del congreso, lugar donde hace 104 años nacía el sistema nacional de áreas protegidas.

Tras destacar que el objetivo de esta convocatoria era priorizar el tema en las agendas políticas públicas y en la de los actores de la sociedad civil, el titular de Parques Nacionales enumeró la serie de beneficios que aportan estas áreas.

"El 30 por ciento de la región andina patagónica está protegida, y es en esta región donde un importante porcentaje de la población depende laboralmente, en forma directa o indirecta, de estos parques y reservas", señaló.

"Es también donde se protege las cuencas que generan el 42 por ciento de la energía hidroeléctrica del país, y que permite asimismo desarrollar enormes extensiones de superficies irrigadas", precisó.

Sin embargo, reconoció que esa situación particular no representaba a todo el país, "que está por debajo de nuestras aspiraciones de mínima". Y añadió que "debemos avanzar mucho en la implementación efectiva de las áreas y en la correcta integración de las áreas nacionales, provinciales, municipales y privadas".

En los últimos cuatro años, la Administración de Parques Nacionales cuadruplicó el presupuesto, duplicó la planta de personal estable, triplicó las áreas con planes de manejos realizados en forma participativa y avanzó, en el último año, en la creación del primer Parques Nacional de Pastizales en la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, se resolvió crear junto a Chubut el primer Parque Interjurisdiccional Marítimo, en la zona del Golfo San Jorge, se avanzó en la creación de reservas de biosfera Norpatagónica en Argentina y Chile, y se acordó con el ministerio de Defensa la creación de los primeros nueve espacios para la conservación de la biodiversidad que suman casi medio millón de hectáreas.

"Desde lo conceptual -agregó Espina-, y a partir de Caracas 92, Santa Marta 97, Durban 2003 y Kuala Lumpur 2004, hemos avanzado e el concepto que la conservación debe abandonar su carácter de aislamiento y fragmentación, y este avance se ha producido en distintas dimensiones".

Espina aseguró que desde el punto de vista funcional, se ha roto la dicotomía de "conservación versus desarrollo", entendiendo que conforman "una realidad indisoluble". "El presidente Néstor Kirchner en su último mensaje ante el Congreso de la Nación dijo que la concepción de Parques Nacionales debe estar basada en una profunda concepción humanista de la conservación del patrimonio natural y cultural", precisó.

En tal sentido, Espina destacó que los Parques Nacionales son visitados por tres millones de personas que dejan en los pueblos y ciudades que rodean estas áreas, más de 600 millones de dólares al año.

"Hoy el 42 por ciento de los turistas europeos visitan al país motivados por conocer algún Parque Nacional", dijo el funcionario. Tras destacar que América es la región con más biodiversidad del planeta, la de mayor oferta hídrica y la que junto con Asia, alimenta a casi todo el mundo, Espina reafirmó el rol indelegable del Estado en el fortalecimiento de las áreas protegidas, la reivindicación de la soberanía de los pueblos, el compromiso en la conservación y en el de revertir las situaciones de pobreza.





Las áreas protegidas frente a la globalización y la integración


Ambos conceptos tienen relación directa con los grandes temas de gobernabilidad y equidad, según aseguró en una entrevista concedida por el titular de la Fundación Proteger y coordinador nacional del Comité Argentino de la Unión Mundial por la Naturaleza (UICN, en sus siglas en inglés), Jorge Cappato. La amenaza de las grandes obras de infraestructura.

El titular de la Fundación Proteger y coordinador nacional del Comité Argentino de la Unión Mundial por la Naturaleza (UICN, en sus siglas en inglés), Jorge Cappato, quien presidirá el simposio “Oportunidades y Amenazas de la Globalización e Integración Regional”, concedió una entrevista en la que explica ese fenómeno al que relacionó con la gobernabilidad y la equidad.

¿Cómo se ubica el simposio sobre globalización e integración regional, en la temática de gobernanza, equidad y calidad de vida del Congreso?

Hablar de globalización y de integración regional en América Latina tiene hoy una relación directa con los grandes temas de gobernabilidad y equidad, y con la calidad de vida de quienes habitamos en los países de América del Sur. Ni qué decir de su importancia para el futuro de las áreas protegidas y para ecosistemas vitales que nuestras sociedades necesitan sean íntegramente conservados.

Está cada vez más claro que el reclamo de más crecimiento impulsado en las reuniones de los gobiernos en Brasilia 2000, Cuzco 2004 y Cochabamba 2006, que ha desembocado en la creación de la Unión Sudamericana, es una plataforma para el desarrollo de planes, programas e iniciativas regionales y nacionales de infraestructura y producción a gran escala.

Las grandes infraestructuras han causado severos impactos sobre los ecosistemas naturales, sobre la base de recursos vitales para las poblaciones y para el propio desarrollo económico y social.

Hay muchos ejemplos de que las grandes obras -como conexiones viales interoceánicas, represas e hidrovías-, más allá de sus beneficios tienen impactos negativos sumamente importantes, especialmente sobre las comunidades locales y sobre ecosistemas, por ejemplo bosques o humedales, que proveen recursos y cumplen funciones irremplazables como la provisión de agua dulce, pesca y otras fuentes de alimento y materias primas, regulación del clima, prevención de inundaciones y sequías, y conservación de suelos cultivables.

Sabemos que en el futuro cercano, en forma directa o indirecta muchos Parques Nacionales y otras áreas protegidas van a ser impactados, o van a ser degradadas sus áreas de amortiguamiento.

¿Cómo ve la situación de las áreas protegidas ante los nuevos planes de desarrollo productivo y de infraestructura regional para la integración del transporte y la energía entre otros?

Sin duda que para las áreas protegidas, para el mundo de la conservación y para quienes trabajan para proteger la diversidad biológica y cultural en América del Sur, los nuevos planes de desarrollo productivo -agrícola o industrial- y las iniciativas de infraestructura regional a gran escala para la integración del transporte y para la producción de energía, representan una preocupación de primer nivel.

La globalización y la integración están en el centro de muchos debates, entre otras cosas porque en los países de la región, como es de público conocimiento, se han generado en los últimos años una serie de conflictos por la creciente presión sobre ecosistemas que son fuente de recursos vitales, de trabajo en el marco de actividades económicas amigables con el ambiente, y de calidad de vida.

Más allá de estos conflictos puntuales, paradójicamente, se ponen en riesgo también las propias metas de integración regional expresadas por los gobiernos y el sector privado. Los niveles de pobreza, indigencia y desigualdad no descienden, sumado a la pérdida de calidad ambiental y de vida en muchas áreas urbanas y rurales.

Hay indicadores objetivos que llevan a una honda preocupación en cuanto a la sumatoria y sinergias de estos impactos negativos y al futuro de las áreas protegidas y de sus áreas de amortiguamiento, de los ecosistemas críticos, hotspots, y ecosistemas que prestan servicios esenciales para el desarrollo económico y social.

Precisamente el poblamiento y desarrollo de América Latina se hizo históricamente en la periferia. Ahora los planes de integración regional como IIRSA, el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), en Brasil, el reciente auge de los biocombustibles, el Gran Gasoducto del Sur y otras propuestas, atraviesan el corazón de ecosistemas.

Esto explica porqué este debate está en el centro de la discusión sobre la conservación de la diversidad biológica y cultural, el destino de comunidades y estilos de vida ancestrales, y el futuro de las áreas protegidas –todo lo cual para América Latina representa un patrimonio único e irremplazable.

¿Esto se vincula con una mayor demanda del mercado global?

Nuestros países tienen una producción primaria y una producción en general, destinada mayormente a la exportación; esto está directamente vinculado a la creciente demanda del mercado mundial. El crecimiento de la economía global es tal que actualmente a nivel planetario se produce en quince días lo que hace un siglo demoraba un año.

Vamos directamente a una mayor presión sobre los recursos, poniendo a la propia actividad económica sobre el límite de la insustentabilidad. Los ecosistemas, que son los proveedores de agua, madera, suelos fértiles, pesca y recursos no renovables, no escapan a esta presión.